Nuestro Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es, en cuanto a competencias, uno de los más poderosos del mundo. Salvo la gestión de retribuciones de jueces y magistrados (que está atribuido al Ministerio de Justicia), sus funciones abarcan todo lo relacionado con la carrera judicial: desde la convocatoria de plazas y formación hasta el régimen disciplinario; la selección, nombramiento y ascensos de todos los miembros de la carrera; la gestión documental (bases de datos jurisprudenciales) y las actividades internacionales.
Los recientes acontecimientos relativos a su renovación han revelado y confirmado, ya sin disimulo, que los otros poderes -en realidad los partidos políticos- desean controlarlo.
El espectador atento asiste en estos días a un sinfín de afirmaciones y argumentos que se ocupan del llamado “bloqueo”, de la lealtad constitucional, de la necesidad de renovación, de los sistemas de nombramiento de vocales y de las negociaciones entre partidos políticos.
En realidad, todo ello responde a la urgencia del Gobierno por ajustar la composición del Consejo a la de las Cámaras Legislativas.
En otras palabras, quitar a unos para poner a otros que reflejen mejor la ideología dominante o el poder de los partidos en liza.
